Sentencia Nº 1010/2023-S4 de Tribunal Constitucional, 28-12-2023

Fecha de sentencia28 Diciembre 2023
PartesMiguel Ángel Balcazar Ruiz c/ David Choquehuanca Céspedes, Vicepresidente de Estado Plurinacional de Bolivia
Número de sentencia1010/2023-S4
Número de expediente54569-2023-110-AAC
Tribunal de OrigenSala Constitucional Nro. 1
EmisorTribunal Constitucional (Bolivia)
Tipo de RecursoAcción de Amparo Constitucional

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1010/2023-S4

Sucre, 28 de diciembre de 2023

SALA CUARTA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: R.Y. Espada Navía

Acción de amparo constitucional

Expediente: 54569-2023-110-AAC

Departamento: Beni

En revisión la Resolución 024/2023 de 13 de abril, cursante de fs. 95 a 109 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por M.Á.B.R. contra D.C.C., Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de abril de 2023, cursante de fs. 45 a 51 vta.; y, el de complementación el mismo día (fs. 53), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1. Hechos que motivan la acción

En el marco de lo previsto en el art. 158.I.5 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Asamblea Legislativa Plurinacional emitió el 27 de marzo de 2023, el Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, aprobado mediante Resolución R.A.L.P. 005/2022-2023, instrumento que tiene como objeto regular los procesos de preselección en todas sus etapas, además de la convocatoria pública a la presentación de postulantes; estableciendo requisitos comunes y específicos, pero de manera independiente para cada institución. En ese sentido, el art. 19 del indicado Reglamento, concordante con el numeral 16 del apartado IV de la Convocatoria, establece como un requisito común a ser cumplido por la o el postulante: “No haber expresado posturas políticas de manera pública”, a ser acreditado mediante declaración jurada (voluntaria) realizada ante una notaría de fe pública.

La indicada exigencia, se constituye en un atentado flagrante al derecho a la libre expresión que asiste a todo ciudadano, vinculado con el derecho a la ciudadanía en cuanto a concurrir como elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos de poder público y a ejercer funciones públicas en condiciones de igualdad sin más requisito que la idoneidad, pues resulta en los hechos inverosímil que una persona en su vida no hubiera expresado posturas políticas de manera pública; considerando que inclusive a los servidores públicos no les está restringido expresar sus ideas políticas, lo que hace que el requisito sea de imposible cumplimiento, además de ser contrario a la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de derechos humanos.

II.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad de expresión y a la ciudadanía en sus dos elementos (concurrir como elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos de poder público y ejercer funciones públicas en condiciones de igualdad sin más requisito que la idoneidad), citando al efecto, los arts. 21.5, 106.II, 144.II de la CPE; y, 13, 23.1 incs. b) y c) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se declare la nulidad del Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (2023); y, la Convocatoria Pública a Postulantes para la Preselección de Candidatas y Candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (2023), en cuanto al requisito común de “no haber expresado posturas políticas de manera pública”; y, b) Se ordene la emisión de un nuevo reglamento y una nueva convocatoria, que observen los parámetros de protección establecidos en el bloque de constitucionalidad para el acceso y protección de derechos políticos, entre ellos, el derecho a ejercer la función pública, vinculado al derecho a la ciudadanía en sus dos elementos, como son: El derecho a concurrir como elegible en la formación y ejercicio de funciones en los órganos del poder público; y, el derecho a ejercer funciones públicas en condiciones de igualdad sin más requisito que la idoneidad, salvo excepciones previstas en la ley; resguardando a su vez, el principio y valor igualdad, como el derecho a no ser discriminado, y los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de trabajo.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 88 a 94, presentes el accionante al igual que la parte demandada, todos asistidos de sus respectivos abogados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

D.C.C., Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de su representante legal O.C.C., por memorial de 13 de abril de 2023, cursante de fs. 79 a 86 vta. y en audiencia por intermedio de su abogado, informó lo siguiente: 1) Si bien la acción de amparo constitucional se rige por los principios de flexibilidad e informalismo, reconociendo la legitimación pasiva a las autoridades, servidores público o particulares, en el caso se señala como sujeto pasivo al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin precisar cuáles son los hechos que lo vinculan con la vulneración de derechos establecidos en la Constitución, pues existe una relación imprecisa del hecho fáctico, exposiciones generales, citas normativas desordenadas y sin sustento argumentativo; además que, a lo largo de la acción tutelar no existe un hilo conductor; por lo que, no se puede deducir quien es el sujeto pasivo de la presente acción de amparo constitucional; 2) La parte accionante no demuestra la conculcación de sus derechos, realiza una mera enunciación de los preceptos supuestamente vulnerados, de manera que se advierte falta de fundamentación y motivación en la acción promovida, careciendo de nexo causal entre los hechos y los derechos acusados como lesionados, de manera que, al no haber cumplido con los requisitos determinados en la ley procesal constitucional, debe declararse la improcedencia de la acción de defensa; 3) La acción de amparo constitucional no es un mecanismo para dilucidar las problemáticas de control normativo, al pretenderse en el caso, que se declare la nulidad del Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, desconociendo que dicho Reglamento fue aprobado por la Resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional R.A.L.P. 005/2022-2023 el 27 de marzo de 2023; 4) El accionante desconoce la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, ya que la legislación tiene previsto el recurso contra resoluciones del órgano legislativo, siendo este el mecanismo idóneo para formular el reclamo planteado en el caso de análisis; por lo que, debe declararse la improcedencia de la acción de tutela interpuesta, al advertirse la presencia de causal de improcedencia reglada en los arts. 53, 54 y 141 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 5) Los derechos individuales no pueden sobreponerse sobre los derechos colectivos, pues además que el accionante no puede arrogarse el derecho de otras personas que pretenden postularse a dichos cargos, el requisito cuestionado responde a la necesidad de que los postulantes tengan una postura ecuánime referido a las problemáticas políticas; ya que, si tiene algún tipo a afinidad partidaria el postulante, se evidenciará una falta de independencia, la cual es una cualidad importante que tienen los administradores de justicia; en ese sentido, el proceso de preselección no solo atinge al postulante, sino a toda la población que está en búsqueda de justicia, y se debe elegir a los mejores profesionales del país, con el objetivo que toda la ciudadanía tenga seguridad jurídica; 6) El impetrante de tutela desconoce la normativa que funda este requisito, pues del art. 182 de la Norma Suprema, se desprende que los postulantes no realizarán campaña electoral, lo cual condice con el requisito establecido de no haber expresado posturas políticas, por cuanto se desnaturalizaría el cargo de una máxima autoridad de justicia si ello ocurre, lo cual además condice con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999 –Ley del Funcionario Público–, cuando establece como una prohibición para los servidores públicos, realizar actividades político partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones, constituyendo un respaldo de tal requisito, los principios comprendidos en el art. 178 de la CPE, la Ley del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; en ese sentido, los postulantes al expresar posturas políticas, ya tendrían una concepción predeterminada al momento de ejercer los cargos de las altas M., lo cual no se encontraría en consonancia con el perfil de la autoridad de Justicia que busca la Asamblea Legislativa Plurinacional; 7) No existe una fundamentación de la manera en que los derechos señalados fueron lesionados por el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tampoco concurre el sustento que demuestre el grado de afectación y el nexo entre el supuesto hecho vulneratorio de derechos y el impacto negativo sobre los derechos constitucionales; y, 8) Es un exabrupto de la Sala Constitucional, otorgar una medida cautelar sin tomar en cuenta la gravedad de la medida, ya que la misma genera una vulneración a los derechos de todos los postulantes que quieren acceder a postularse al cargo de máximas autoridades de justicia, es más, genera un perjuicio al desarrollo de las comisiones que tienen entre sus funciones la recepción de dichos postulantes. Con base...

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