Resolución Nº ARIT-LPZ-RA-0293-2010 de la Autoridad de Impugnación Tributaria, 16-08-2010

• Jurisdicción: La Paz
• Parte Recurrida: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
• Número de resolución: ARIT-LPZ-RA-0293-2010
• Fecha: 16 Agosto 2010
• Número de expediente: ARIT-LPZ-0168/2010
• Recurrente: GOBIERNO MUNICIPAL EL ALTO

Página 1 de 11

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0293/2010

Recurrente:Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), legalmente representado por

Freddy Tarqui Mamani.

Recurrido:Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales

(SIN), legalmente representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa.

Expediente:ARIT-LPZ/0168/2010

Fecha: La Paz, 16 de agosto de 2010

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El Gobierno Municipal de El Alto, legalmente representado por Freddy Tarqui Mamani

en mérito al Testimonio de Poder N° 1.008/2010, mediante memoriales presentados el

7 y 19 de mayo de 2010, fojas 25 y 29-30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada

contra las Resoluciones Sancionatorias Nos.18-0038-10, 18-0039-10, 18-0040-10, 18-

0041-10, 18-0042-10, 18-0043-10, 18-0044-10, 18-0045-10, 18-0046-10, 18-0047-10,

todas de 22 de marzo de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:

De acuerdo al artículo 68 de la Ley 2492, constituyen derechos del sujeto pasivo, ser

informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, empero, este

hecho no les fue comunicado por el SIN, por lo que no habría incumplimiento de

deberes formales, al no haber presentado los formularios del RC-IVA en formato digital;

por otra parte, las resoluciones no fueron debidamente notificadas de acuerdo al

artículo 84 de la Ley 2492, considerando que no fueron presentadas en forma escrita y

se entregaron sin ningún registro o diligencia formal.

El SIN tuvo dos años para ejecutar las sanciones por contravenciones establecidas en

la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 y el artículo 162 de la Ley 2492; la

facultad de la Administración Tributaria prescribió el 1 de enero de 2010, sin que el

fisco haya ejecutado las sanciones en el término que la Ley establece, causando un

perjuicio además de un daño económico al Estado, al pretender que el Gobierno