Resolución Nº ARIT-CBA-RA-0231-2012 de la Autoridad de Impugnación Tributaria, 24-08-2012

• Jurisdicción: Cochabamba
• Número de expediente: ARIT-CBA-0128/2012
• Fecha: 24 Agosto 2012
• Número de resolución: ARIT-CBA-RA-0231-2012
• Parte Recurrida: ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
• Recurrente: TEOFILO GARCIA RODRIGUEZ

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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0231/2012

Recurrente: Teófilo García Rodríguez representado por Nelvy Colque de García

Recurrido: Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Marlene Evelyn

Montaño Alcaraz

Expediente: ARIT-CBA/0128/2012

Fecha: Cochabamba, 24 de agosto de 2012

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Teófilo García Rodríguez representado por Nelvy Colque de García acredita personería

conforme a Testimonio Nº 587/2012 de 23 de mayo de 2012 de Poder Especial, Amplio

y Suficiente (fojas 9 y 10 del expediente administrativo); mediante memorial presentado

el 29 de mayo de 2012 (fojas 11 a 14 del expediente administrativo), interpuso Recurso

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0955/2011 de 17

de abril de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la

Aduana Nacional de Bolivia, argumentando lo siguiente:

Que su conducta al haber sido calificada por la Administración Aduanera como

Contrabando, debió revestir de todas las características inherentes a la conducta típica,

antijurídica y culpable, es decir, al hecho punible. Refiere que no hay delito sin

conducta y la conducta para que sea relevante tiene que ser producto del ser humano

ya que de el depende la realización de la conducta típica; aclara que para considerar

un hecho punible tiene que estar previsto en la Ley, pero en el caso en cuestión refiere

que dicho requisito no se cumple, ya que falta la condición objetiva de punibilidad el

cual es “la comercialización y tenencia del vehículo fuera de plazo es contrabando”,

aduce que su declaración jurada cuenta con fecha de vencimiento el 10 de septiembre

de 2011, sin embargo, el 23 de agosto de 2011 funcionarios del COA intervienen para

realizar posteriormente la respectiva Acta de Intervención Contravencional.

Manifiesta que se tiene que analizar la antijuricidad, que la conducta típica tiene que

ser contraria a las normas previstas por el ordenamiento jurídico, sin embargo, expresa

que existen causas de justificación y que su persona en ejercicio de su derecho a la

propiedad privada pretendió acogerse al Programa de Saneamiento Legal, máxime

porque su vehículo no se encontraba prohibido por la Ley 133 y la no regularización

por la Ley, no debe entenderse como prohibición.

Argumenta que el cuarto elemento es la culpabilidad y que el ilícito que se le atribuye

es de carácter doloso, si bien tenía la voluntad de acogerse al programa de