Política pública, deforestación y subvenciones

• Autor: Javier Gómez
• Cargo: Director ejecutivo CEDLA.
• Páginas: 2-2

2 - OPINIÓN

Octubre de 2019

CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES

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La Paz - Bolivia

Editorial

POLÍTICA PÚBLICA, DEFORESTACIÓN Y

SUBVENCIONES

Esta nueva entrega del Alerta Laboral trata la actua-

lidad de una Bolivia castigada por los incendios,

afectada por la propaganda electoral y los problemas de la

economía.

El principal artículo aborda las consecuencias de la polí-

tica agraria vigente, observándose que la caída de los precios

internacionales de los hidrocarburos y la deciente gestión

del sector, llevó al gobierno, en alianza con los agroem-

presarios, a buscar aumentar la producción agropecuaria

mediante la ampliación de la frontera agrícola.

La estrategia no tuvo en cuenta que, en realidad, se

requieren políticas agrarias que incentiven incrementos sus-

tanciales de la productividad de la tierra que, a su vez, acre-

cienten la producción agrícola en suelos adecuados, para la

sostenibilidad de bosques y biodiversidad.

Se advierte asimismo que una de las características del

mencionado ensanchamiento de esta frontera es la produc-

ción de etanol, lo cual ocasionará un efecto totalmente con-

trario a las supuestas intenciones de utilizar un combustible

más amigable con el medio ambiente.

Más aún, se constata que la diferencia entre lo que YPFB

paga a los agroempresarios por el etanol y el precio interna-

cional de este producto —y que ocialmente se considera es

destinada a cubrir la inversión realizada por éstos— es más

bien una forma de subvención pagada directamente por los

consumidores, que no están informados de estas implica-

ciones que llevan a comprar un combustible a un precio

mayor.

Por último, se muestra que los buenos negocios para los

empresarios en la chiquitania se extienden hacia a la mine-

ría, constituida entre las principales actividades económicas

de la región.

Coincidente o no, el incendio forestal muestra que la

alianza de los agroindustriales con el gobierno —para los

cultivos de soya destinada la producción de biocombusti-

bles y carne para la exportación— comprende la explota-

ción minera con un centenar de prospectos y ocurrencias de

oro, plata, platinoides, níquel, tantalio, cobre, hierro, estaño,

cromo, zinc, piedras preciosas y tierras raras.

Así, en ese contexto es que se registran en la región las

presiones gubernamentales y de cooperativas del sector para

incursionar en la actividad minera en contra de la voluntad

de las comunidades.

Javier Gómez

DIRECTOR EJECUTIVO

CEDLA

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