Meritocracia judicial y democratización de la justicia: ideales incompatibles
Páginas | 211-243 |
Fecha | 01 Abril 2025 |
Fecha de publicación | 01 Abril 2025 |
Autor | Daniel Alejandro Carrasco Melgarejo |
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Meritocracia judicial y
democratización de la justicia: ideales
incompatibles
Judicial Meritocracy and the Democratization of
Justice: Incompatible Ideals
Daniel Alejandro Carrasco Melgarejo
Universidad Católica Boliviana San Pablo, Bolivia
https://orcid.org/0009-0009-5662-9565
dacarrasky@gmail.com
Revista de Derecho de la UCB – UCB Law Review, Vol. 9 Nº 16, abril 2025, pp. 211-243
ISSN 2523-1510 (en línea), ISSN 2521-8808 (impresa).
DOI: https://doi.org/10.35319/lawreview.202516120
Recibido: 14 de febrero de 2025 • Aceptado: 25 de marzo de 2025
Resumen
La presente investigación tiene por objeto determinar la compati-
bilidad o incompatibilidad entre la meritocracia y la democracia,
ambas como principios de la legitimación de las máximas autori-
dades judiciales del Estado. Ello con la nalidad de establecer si la
meritocracia es una solución efectiva para eliminar los efectos ne-
gativos que tiene la democratización judicial (a través de la demo-
cracia representativa) sobre la independencia judicial. Se analizan
las doctrinas que inspiraron el ideal de democratización judicial y
el modo de implementación a través de mecanismos de democra-
cia representativa. Se utilizan distintos métodos de interpretación
del ordenamiento jurídico boliviano referente a las elecciones ju-
diciales con la nalidad de emplear este conjunto normativo como
evidencia de la compatibilidad o incompatibilidad entre estos dos
ideales. Los hallazgos indican que la meritocracia judicial y demo-
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Meritocracia judicial y democratización de la justicia
cratizar la justicia son ideales opuestos, de modo que el acerca-
miento a uno implica el distanciamiento del otro.
Palabras clave: Meritocracia / Democratización Judicial / Democracia
Representativa / Elecciones Judiciales.
Abstract
This research analyzes the compatibility between meritocracy
and democracy as principles for legitimizing the highest judicial
authorities of the State. The objective is to determine whether me-
ritocracy is an effective solution to mitigate the negative effects
that judicial democratization, through representative democracy,
has on judicial independence. To this end, the study examines the
doctrines that underpin judicial democratization and their imple-
mentation through representative mechanisms. Additionally, va-
rious methods of interpreting Bolivia’s legal framework on judicial
elections are employed to assess its compatibility with both ideals.
The ndings reveal that judicial meritocracy and the democrati-
zation of justice are opposing principles, meaning that strengthe-
ning one necessarily weakens the other.
Keywords: Meritocracy / Judicial Democratization / Representative
Democracy / Judicial Elections.
1. Introducción
El sistema de elección de magistrados a los máximos tribunales
de justicia de nuestro país padece de un enorme defecto: la par-
ticipación del Órgano Legislativo Plurinacional en la selección de
autoridades. Se trata de un órgano que tiene como función legislar,
que, sin embargo, acaba inuyendo en la elección de gobernantes
de otro órgano que se supone de igual jerarquía. Además, se trata
de un órgano en el cual se ven representados diferentes intereses
político-partidarios, que ponen en duda la imparcialidad a la hora
de preseleccionar postulantes.
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Daniel Alejandro Carrasco Melgarejo
Esta problemática no es una novedad de la Constitución Política
del Estado (CPE) de 2009. La CPE de 2004 (2004), en su artículo
59, numeral 20, incluía dentro de las atribuciones del Poder Le-
gislativo el nombramiento de los entonces ministros de la Corte
Suprema de Justicia y Magistrados del Tribunal Constitucional por
dos tercios de votos del Congreso.
La vulneración a la división de poderes era un problema evidente,
pues como bien señala Montesquieu (1748/2003): “No hay libertad
si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo
y del poder ejecutivo” (p. 146). Ante esta evidente inuencia del
poder legislativo sobre el poder judicial, el artículo 182 de la CPE
(2009), propone una solución compleja y sin precedentes en el or-
denamiento jurídico nacional: Convierte al procedimiento llevado
a cabo en la Asamblea Legislativa en un proceso de preselección y
otorga la decisión nal al ciudadano a través del sufragio univer-
sal. A diferencia de un asambleísta, el ciudadano común no es el
representante de un grupo de interés o de un partido político. Sin
embargo, tanto el ciudadano como el asambleísta tienen en común
que el no tener formación ni experiencia jurídica y, por tanto, son
incapaces de evaluar a un candidato de forma meritocrática con
base a criterios objetivos. Por lo cual, tanto el asambleísta como
el ciudadano común toman sus decisiones basándose en criterios
subjetivos, donde inuye la anidad con los intereses. Esto trae
consigo la inevitable realización de campaña electoral por parte
de los candidatos a magistrados, pues la campaña se convierte
en el único modo para llegar a hacerse conocer por el electorado
y hacerle llegar sus propuestas y promesas. El peligro es que el
magistrado se convierta en una especie de asambleísta, que deba
responder a los intereses de quienes lo eligieron.
Consciente de ello, la CPE (2009) incluye en su artículo 182 dos so-
luciones: Prohibir que los candidatos p ertenezcan a organizacio-
nes políticas y prohibir la realización de campaña electoral a los
postulantes bajo sanción de inhabilitación, delegando la función
de comunicación al Órgano Electoral Plurinacional, el cual única-
mente debe difundir los méritos del candidato.
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