Editorial

• Autor: Javier Gómez Aguilar
• Cargo: Director Ejecutivo CEDLA
• Páginas: 2-2

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CONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES

2Reactiv ación económi ca: medidas insu cientes y precar iedad labora l

El gobierno del Movimiento al So cialismo viene impulsando en Bolivia la conforma -

ción de una gestión autori taria, continuando la línea marcada en sus ante riores ges-

tiones. Con este propósi to, empuja al país a una nueva crisis política que nada bien

le hace a la clase trabajadora y a los sectores populares, campesinos e indígenas

que sufrieron los duros emba tes de la crisis económica agudizada por la pandemia .

Bajo el discurso que en 2019 hubo un “golpe de Est ado” en el país y que todas las

personas y organizaciones que participaron en este supuesto hecho son sus ene-

migos políticos y a los que debe des truir, el gobierno del MAS ha e stado diseñando

e implementando un conjunto de me didas destinadas a tener el control absoluto y

centralizado de las entidade s estatales y de las organizaciones de la so ciedad civil.

No basta para el gobierno con suprimir la independencia de los órganos Judicial,

Electoral y de otras ent idades públicas principales, controlar las org anizaciones sin-

dicales y sociales para subordinarlas a intereses políticos del MAS, sino t ambién

controlar las actividades privadas económicas, sociales y políticas de personas y

de entidades de la sociedad civil que, a simple sospecha de alguna irregularidad,

pueden ser investiga das y sancionadas por instancias creadas y manipuladas p or el

partido de gobierno.

Los proyectos de ley de “creación del Servicio Plurinacional de Derechos Reales”,

“contra la legitimación de gana ncias ilícitas, financiamiento al terror ismo y financia-

miento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales” y

de “estadístic as oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia”, que convierte al Insti-

tuto Nacional de Estadística en un ente fiscalizador y penalizador de la producción

de estadísticas, son algunas de las normas principales que viene promoviendo el

gobierno de Luis Arce para contar con instrumentos legales que le permita perse-

guir a los opositores polít icos y a cualquier dirigente o persona, con el único objet ivo

de acallar las voces de protes ta y reprimir las demandas sociales.

Además de la gravedad de los elementos expuestos, el gobierno viene utilizando

tiempo y recursos públicos para su propósito, dejando en segundo plano la aten-

ción de los problemas y las demandas sociales que fueron agravadas por la crisis

sanitaria de COVID-19. El empleo, la salud, la educación, los derechos laborales, los

derechos de los pueblos indígenas en torno a su dignidad y territorio, la creciente

violencia contra las mujeres, la inseguridad ciudadana y la urgencia de reactiva-

ción y desarrollo de la economía nacional han merecido, hasta ahora, una débil y

coyuntural atención. Todo apunta a que, en el futuro, los trabajadores y sectores

populares no tienen nada que esperar para la mejora de sus condiciones de v ida y

de trabajo.

Javier Gómez Aguilar

DIRECTOR EJECUTIVO CEDLA

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