Los costos de la electricidad. Una vieja carga sobre el excedente nacional y el esfuerzo de los trabajadores

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8 - TARIFAS ELÉCTRICAS
Octubre de 2017
on sujeción a sus competencias
específicas, la Autoridad de
Fiscalización y Control de
Electricidad (AE), ha autorizado a
las empresas distribuidoras un
incremento del 3% en las tarifas a
los usuarios finales. Las explicaciones
de las autoridades no han logrado
aclarar las razones del alza, salvo que
ésta ocurre cada año y que está ligada
a la sostenibilidad de las empresas.
Que las tarifas se incrementen o
disminuyan no debiera sorprender-
nos; la actualización de su valor
res-ponde a una serie de factores
económicos, técnicos y de política
pública. Tampoco es una novedad
que las empresas e instituciones bajo
cuya responsabilidad está el desem-
peño del sector carguen dicho incre-
mento sobre los usuarios finales,
incluso si las razones que justifican
el incremento se atribuyen a deficien-
cias en el manejo del sector. Y no se
trata sólo del monto del incremento,
sino que quienes lo van a pagar
merecen una clara explicación de las
razones por las que esto pasa y
tengan la plena seguridad de que las
cosas están manejadas con la
excelencia que el caso requiere. Los
usuarios necesitan saber que la
autoridad res-ponsable de la regula-
ción sigue cumpliendo su función
primigenia, la defensa de los consu-
midores, y que no ha subordinado
su gestión a los intereses empresaria-
les aun cuando éstos sean de las
empresas estatales.
Debemos, en primer lugar,
revisar la magnitud del impacto de
este incremento en el sector
residencial, por tres razones: es el
principal consumidor de electricidad
del sistema; agrupa a la mayo r
cantidad de usuarios y, deberá no
sólo pagar el costo directo de la
medida, sino todos los costos
derivados de la misma. Veamos. El
consumo medio en el sector
residencial —a diciembre de 2015—
fue de 116 kWh/mes por usuario,
que a una tarifa de 0.63 Bs/kWh
suponía un gasto mensual por
usuario del orden de 74 Bs. Para un
consumidor medio el incremento
tarifario representará una erogación
adicional de 2.21 Bs/mes. En el caso
de los usuarios de menor consumo
y que se benefician de la Tarifa
Dignidad, el incremento neto no
superará 1 Bs/mes. Este es el costo
directo que los usuarios de la
categoría residencial deberán pagar
mensualmente, al que debe sumarse
el incremento en los precios de los
bienes y servicios que los
comerciantes e industriales realizarán
como efecto de la medida, y que les
serán transferidos desde el mismo
día de su anuncio.
La cuestión no termina en que el
incremento sea de 1 ó 2 Bs/mes por
cada usuario. El hecho es que en un
mercado en el que se comercializan
alrededor de 7.000 GWh/año de
electricidad por un valor del orden
de 640 millones de dólares, un
incremento del 3% representa un
monto cercano a 20 millones de
dólares que serán pagados por todos
los consumidores y recaudados por
las empresas, incluidas las industrias
y los comercios. Como se ve, no es
un tema menor y los consumidores
debieran ser adecuadamente
informados de cuál será el destino
de este monto que —aunque
individualmente parezca pequeño—
es fruto de su trabajo.
Debiéramos suponer, que el
dinero recaudado estará destinado a
incrementar los ingresos de las
empresas para cubrir mayores costos
operativos, es decir, mayor demanda
de gas natural por unidad de
electricidad generada; incrementos
de sueldos y salarios; incrementos
de las utilidades, etc. Todo esto en
el ámbito de la especulación, pues,
como se anticipaba, las explicaciones
de las autoridades son insuficientes
y los usuarios no tienen acceso a un
detalle de los costos de las empresas.
La preocupación va en aumento
cuando las mismas autoridades dicen
que serán las empresas las
responsables de establecer las cuotas
de incremento entre los diferentes
sectores de consumidores,
renunciando a su rol de gestor
público y desnudando las debilidades
de la política pública en el sector.
Creemos que el tema es mucho más
complejo que la sola distribución de
las cuotas de incremento, la
discusión se traslada al campo de la
política pública.
Los usuarios del sistema tiene el
derecho —y la obligación— de saber
que el precio del gas natural para la
generación de electricidad está
congelado en 1.30 dólares el millar
de pies cúbicos desde hace unos
veinte años y, que bajo este mecanis-
mo, el Estado renuncia a una renta
que el combustible hubiese ganado
en el mercado de exportación. Dado
que más del 80% de la energía
primaria que ingresa a las centrales
de generación está constituida por
gas natural, muchos especialistas
afirman, con buen criterio, que la
electricidad en Bolivia está subsidia-
da. Y si hay subsidios de por medio,
el rol de los gestores de la política
pública es simplemente inexcusable,
pues los subsidios se reflejarán en
las tarifas y en la eficiencia del
sistema.
En efecto, la tarifa media del
sistema a finales de 2015 y en valores
constantes del dólar americano de
2005, tenía un valor de 7.7 centavos
de dólar por kilovatio-hora
(cUS$/kWh), similar al de 1992.
Había alcanzado un valor mínimo
de 6.1 cUS$/kWh allá por el año
2006 y, desde entonces, la tendencia
ha sido ascendente hasta llegar al
valor mencionado de 7.7 centavos.
Ahora bien, si obviamos la pérdida
del valor del dólar americano, la tarifa
media en el mismo período, habría
C
Una vieja carga sobre el excedente
nacional y el esfuerzo de los
trabajadores
LOS COSTOS DE LA ELECTRICIDAD
¿Va a continuar el Estado subsidiando la electricidad, por ejemplo, para las
operaciones mineras y, al mismo tiempo, trasladar los costos de las enormes
pérdidas de energía sobre todos los consumidores?
subido desde 5.5 cUS$/kWh en 1992,
hasta 9.3 cUS$/kWh en 2015. Sin
embargo, esta evolución que se
muestra en la figura adjunta, es sólo
de la tarifa media del sistema. Si se
observa la evolución de las tarifas en
algunos sectores que componen el
sistema podremos advertir que la
gestión del sector requiere la atención
de las autoridades en muchos aspectos.
Para empezar, antes de la reforma
liberal de 1994, la tarifa del sector
residencial era mucho más baja que la
tarifa media del sistema y era
compensada por el alto valor de las
tarifas del sector comercial y del sector
minero. ¿Con qué finalidad y bajo qué
definiciones de política pública se
buscó allá por el año 2005, que la tarifa
del sector residencial se iguale a la tarifa
media?. Por otra parte, la tarifa de la
minería de ser la más alta (12.6
cU$kWh) pasó a convertirse en la más
baja del sistema (5.7 cUS$/kWh),
situación que según la información
oficial, se mantuvo vigente al menos
hasta fines del 2015.
También se puede observar que la
tarifa del sector comercial/general, se
mantiene como la más alta del sistema
y en esta situación se encuentra lo
mismo a un banco o un hotel, que a
una escuela o un hospital.
Entonces, la pregunta es la
siguiente: ¿a quién o a quiénes debiera
beneficiar el subsidio a la electricidad?
Pues no es lo mismo subsidiar la
electricidad a un hospital, una escuela,
un centro de acogida de adultos
mayores o a un orfelinato, que a una
entidad privada o estatal orientada a
la generación de retornos al capital,
sea ésta un banco, una transnacional
que exporta minerales, una industria
transnacional, o una empresa pública
cuyas rentas monopólicas estarán
destinadas, en primera instancia, a
pagar los costos de reproducción de
la clase dirigente.
Debe anotarse, también que el
precio congelado del gas natural ha
propiciado la masiva inversión, antes
privada y ahora estatal, en equipos de
generación de electricidad a gas natural
cuya eficiencia siempre será baja.
Producto de ello, la eficiencia del
sistema de generación boliviano es la
más baja de la región sudamericana;
es decir, estamos quemando el gas y
la renta a la que el Estado renunció al
congelar su precio, de la manera más
ineficiente. Pero no sólo eso, como
resultado de la baja eficiencia en los
sistemas de generación, los
consumidores no sólo debemos pagar
por la electricidad que utilizamos, sino
también por todas las pérdidas del
sistema que en 23 años de vigencia de
la Ley de Electricidad, sólo se
incrementaron.
En este contexto, la interrogante
que se plantea ya es obvia: ¿Va a
continuar el Estado subsidiando la
electricidad, por ejemplo, para las
operaciones mineras al mismo tiempo
que traslada los costos de las enormes
pérdidas de energía sobre todos los
consumidores?. Son estas y muchas
más las razones por las que la
ciudadanía está preocupada. Continúa
esperando mayor información,
transparencia y un rol efectivo de las
autoridades en la política pública de
un sector que está gritando por
reformas hace muchísimo tiempo.

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