Auto de Tribunal Agroambiental Plurinacional, 11-06-2024

Número de expediente5539
Fecha11 Junio 2024
Tipo de proceso: Desocupación de pequeña propiedad Cliver Villalba Aguirre en representación del Banco Nacional de Bolivia contra Mario Choque Ortiz, representante de la Comunidad “Nueva Esperanza”Recurrentes: Cliver Villalba Aguirre en representación del Banco Nacional de BoliviaResolución recurrida: Auto N° 022/2024 de 23 de enero.Distrito: ChuquisacaAsiento Judicial: MonteagudoFecha: Sucre, 11 de Junio de 2024Magistrada Relatora: María Tereza Garrón Yucra.
EmisorTribunal Agroambiental (Bolivia)

AUTO AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2ª Nº 39/2024

Expediente: Nº 5539-RCN-2024

Proceso: Desocupación de pequeña propiedad

Partes: Cliver Villalba Aguirre en representación del Banco Nacional de Bolivia contra Mario Choque Ortiz, representante de la Comunidad “Nueva Esperanza”

Recurrentes: Cliver Villalba Aguirre en representación del Banco Nacional de Bolivia

Resolución recurrida: Auto N° 022/2024 de 23 de enero.

Distrito: Chuquisaca

Asiento Judicial: M.

Fecha: Sucre, 11 de Junio de 2024

Magistrada R.: M.T.G.Y..

El recurso de casación interpuesto por C.V.A. en representación del Banco Nacional de Bolivia cursante de fs. 345 a 348 vta. de obrados, impugnando el Auto N° 022/2024 de 23 de enero, cursante de fs. 336 a 339 vta. de obrados, pronunciado por la J.a Agroambiental de M., dentro del proceso de Desocupación de Pequeña Propiedad seguido por el ahora recurrente contra Mario Choque Ortiz, representante de la Comunidad “Nueva Esperanza” los antecedentes de proceso; y,

I. ANTECEDENTES PROCESALES.

I.1. Argumentos del Auto Definitivo N° 022/2024 de 23 de enero.

La J.a Agroambiental de M., a través del Auto Definitivo N° 022/2024 de 23 de enero, cursante de fs. 336 a 339 vta. de obrados, ANULA OBRADOS hasta el Auto N° 166/2022 de 6 de julio y declara judicialmente NO HA LUGAR a la admisión de la demanda agraria de “Desocupación de Pequeña Propiedad Agraria”, bajo los siguientes argumentos:

Efectuando un resumen de los actos procesales como de la documentación que cursa en el presente proceso (memoriales cursantes de fs. 315 a 318, 324 a 325 y certificado de tradición), refiere que los alcances jurídicos legales establecidos en el art. 115 de la Constitución Política del Estadoel acceso a la jurisdicción” debe de estar contemplado dentro de los cánones y paradigmas del debido proceso, al constituirse en un derecho prestacional de configuración legal, estando supeditado su ejercicio a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que el legislador haya establecido, por lo que, no se vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva con una eventual decisión de inadmisión de una demanda por ser manifiestamente improponible, conforme lo establece el art. 113-II de la Ley N° 439 y el principio de responsabilidad dispuesto en el art. 76 de la Ley N° 1715.

Efectuando una copia textual del art. 115 de la Constitución Política del Estado, indica que, obrar en contrario conllevaría a violentar derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y Tratados de Orden Internacional, como ser el legítimo derecho de “Acceso a la Jurisdicción” como un derecho integrador del debido proceso, extremo inclusive reconocido en el art. 8. 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace referencia al derecho de toda persona a ser oída, sin embargo, de modo alguno se debe prescindir de la norma que disciplina los requisitos de admisibilidad de una demanda, así como los lineamientos otorgados por el máximo tribunal de administración de justicia agroambiental, pues la operatividad práctica del derecho está sometida tanto a la Ley como también a la jurisprudencia al ser de carácter vinculante.

De la misma forma y efectuando una copia textual de los arts. 5, 106-I y 113 de la Ley N° 439, refiere que, dicha normativa permite garantizar la correcta determinación de derechos y obligaciones de las personas, por lo que, del análisis de los elementos y fundamentos desarrollados anteriormente, le permite concluir que, las pretensiones del actor con la demanda interpuesta incumplen las exigencias legales de imperativo acatamiento establecidas en la Ley como también en la uniforme jurisprudencia del Tribunal Agroambiental, como ser el Auto Agroambiental Plurinacional S1a N° 36/2021 de 4 de mayo, que da a entender que, el documento legal mediante el cual se reconoce derecho propietario en materia agraria es el Título Ejecutorial o cuando este cuente con antecedente dominial de un Título Ejecutorial, inscrito en Derechos Reales, debiendo entenderse que dicha inscripción debe estar registrada en el asiento correspondiente, es decir, en la titularidad de dominio, en razón de que este documento causa estado y surte efectos contra terceros conforme a lo previsto en el art. 1538 del Código Civil, el Auto Supremo que se refiere a la legitimación “ad procesun” y “ad causam”, que implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, del mismo modo los Autos Agroambientales Plurinacionales S1a N° 117/2022 de 30 de noviembre, S2a N° 138/2023 de 17 de noviembre, desarrollan acerca de la improponibilidad de la demanda tanto objetiva como subjetiva.

Concluye señalando que, en atención a la normativa legal y jurisprudencia antes señalada, se puede advertir que lo que pretende la parte actora es la desocupación de la pequeña propiedad denominada Tayarenda, situación que de momento no es procedente ni admisible, en mérito a que la parte actora no ha procedido a acreditar su derecho propietario, para que conforme a ello pida si corresponde la entrega o desocupación del predio objeto de demanda, por lo que, la parte demandante carecería de la facultad legal al no acreditar fehacientemente su derecho propietario, y por lo mismo, concurre un motivo fundado para declarar la improponibilidad de la demanda, aclarándose que si bien inicialmente se procedió a admitir la misma, fue porque la parte actora presentó el Testimonio de Escritura Pública N° 1422/2005 que se encontraba registrado en Derechos Reales, inscripción que posteriormente fue cancelada conforme al Certificado de Tradición cursante de fs. 334 a 335 de obrados, situación que constituye un obstáculo sobreviniente a efectos de proseguir con la tramitación de la presente causa, por lo que, a la fecha carecería de legitimación para continuar con el actual proceso, motivo por el cual Anula obrados hasta el Auto N° 166/2022 de 6 de julio de 2022 cursante a fs. 74 de obrados y declara judicialmente NO HA LUGAR a la admisión de la demanda sobre “Desocupación de Pequeña Propiedad” por ser manifiestamente improponible.

I.2. Recurso de casación, interpuesto por C.V.A. en representación del Banco Nacional de Bolivia.

Por memorial cursante de fs. 345 a 348 vta. de obrados, Cliver Villalba Aguirre en representación del Banco Nacional de Bolivia, interpone recurso de casación contra el Auto Definitivo N° 022/2024 de 23 de enero, cursante de fs. 336 a 339 vta. de obrados, emitido por la J.a Agroambiental de M., bajo los argumentos jurídicos que a continuación se detallan:

Bajo el texto de “Con relación a la presentación obligatoria de documentos, registrados en derechos reales a nombre del demandante como requisito de admisión de la demanda de desocupación de pequeña propiedad agraria”, refiere que:

El contrato de compra y venta en materia agraria es consensual y se perfecciona con el consentimiento de las partes y si esta resulta ser una de sus características, es un contrasentido que para la defensa de esa propiedad el contrato debe estar previamente registrado en Derechos Reales y entre tanto aquello no ocurra el ejercicio del derecho a la defensa estaría suspendido para su titular actual, por lo que, dicho análisis resultaría ser restrictivo y limita el acceso a la justicia sin fundamentación legal, más a la contrario estando saneado y titulado por el INRA no existiría ninguna prohibición legal de que el comprador pueda ejercer actos de defensa, usando incluso el Registro de Derechos Reales aun en nombre de su vendedor para oponerlo a los avasalladores, por lo que no existe norma legal que prohíba a un comprador que usando el registro de su vendedor pueda asumir defensa de la propiedad adquirida legalmente y pedir a la justicia que se repriman los actos abusivos de la delincuencia rural.

Concluye indicando que, los requisitos exigidos en el art. 110 de la Ley N° 439 deben de entenderse bajo un criterio reglado y dentro de ellos, no existe requisito mediante el cual necesariamente la propiedad se encuentre previamente inscrita en Derechos Reales o restricción legal para que el comprador pueda usar los registros de su vendedor, por lo que, se debe concluir que el comprador puede en defecto de su vendedor asumir los actos de defesa de la propiedad.

Bajo el rótulo de “Con relación a la falta de legitimidad para ejercer la acción de desocupación de la propiedad agraria por parte del comprador cuando este no ha registrado aun su derecho de propiedad en derechos reales y que hace improponible a la demanda” indica que:

La resolución recurrida sostiene que, el derecho de propiedad es cuestionable por la falta de Registro en Derechos Reales y que el documento de compra y venta dejó de ser idóneo para acreditar el derecho de propiedad, ello debido a su cancelación del Registro en Derechos Reales ejecutado el mes de septiembre de 2023 a pedido del INRA y por lo mismo su demanda se transformaría en improponible, conclusiones que resultarían erróneas, porque un contrato no puede dejar de ser idóneo para acreditar el derecho propietario, la compra y venta resulta ser consensual y surte efectos jurídicos desde el mismo momento de la expresión del consentimiento, regla básica que fue desconocida en la resolución, considerándose además que la legitimación activa es la capacidad procesal que reconoce el Estado a la persona natural o jurídica para activar las acciones judiciales a efectos de defender sus derechos reconocidos por la Constitución y las Leyes; asimismo indica que, el Banco es propietario del terreno objeto de la demanda y por lo mismo existe una correlación entre el titular del derecho y las facultades legales que tienen reconocidas para defender su derecho fundamental, por lo que, es imposible fundar la improponibilidad por falta de legitimación activa, a mas que, se debe recordar que el derecho de propiedad sobre el predio “Tayarenda” fue reconocido en el proceso de saneamiento y que cuenta con Título Ejecutorial registrado en...

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