Auto de Tribunal Agroambiental Plurinacional, 29-05-2024

Número de expediente5563
Fecha29 Mayo 2024
Tipo de proceso: Cese de Copropiedad. Marlene Justiniano de Daza, Rosario Justiniano de Dabdoub, Ronald Justiniano Coronado, Patricia Justiniano Coronado y Carlos Jesús Justiniano Coronado contra Martha Justiniano de Zumaran y Rober Justiniano Coronado.Recurrentes: Marlene Justiniano de Daza, Rosario Justiniano de Dabdoub, Ronald Justiniano Coronado, Patricia Justiniano Coronado y Carlos Jesús Justiniano Coronado.Resolución Recurrida: Auto interlocutorio de 6 de febrero de 2024, pronunciado por el Juez Agroambiental de PailónDistrito: Santa CruzAsiento Judicial: PailónLugar y fecha: Sucre, 29 de mayo de 2024Magistrada Relatora: María Tereza Garrón Yucra
EmisorTribunal Agroambiental (Bolivia)

AUTO AGROAMBIENTAL PLURINACIONAL S2ª Nº 37/2024

Expediente: Nº 5563-RCN-2024

Proceso: Cese de Copropiedad.

Partes: Marlene Justiniano de D., R.J. de D., R.J.C., P.J.C. y C.J.J.C. contra Martha Justiniano de Z. y R.J.C..

Recurrentes: Marlene Justiniano de D., R.J. de D., R.J.C., P.J.C. y C.J.J.C..

Resolución Recurrida: Auto interlocutorio de 6 de febrero de 2024, pronunciado por el J. Agroambiental de Pailón

Distrito: Santa Cruz

Asiento Judicial: Pailón

Lugar y fecha: Sucre, 29 de mayo de 2024

Magistrada R.: María Tereza Garrón Yucra

El recurso de casación y nulidad de fs. 485 a 492 de obrados, interpuesto por los demandantes M.J. de D., R.J. de D., Ronald Justiniano Coronado, P.J.C. y C.J.J.C. contra el Auto interlocutorio de 6 de febrero de 2024, pronunciado por el J. Agroambiental de Pailón, que “concede” la excepción de incompetencia, el incidente de nulidad de obrados y el recurso de reposición y por otra parte rechazar el recurso de apelación; todos interpuestos por el co-demandado R.J.C..

I. ANTECEDENTES

I.1. Argumentos de la resolución recurrida en casación.

El Auto interlocutorio de 6 de febrero de 2024 cursante de fs. 475 vta. a 480 vta. de obrados, que “concede” la excepción de incompetencia, el incidente de nulidad de obrados y el recurso de reposición y por otra parte rechazar el recurso de apelación, porque conforme el art. 87 de la Ley N° 1715 en materia agroambiental no existe el recurso de apelación sino el de casación; todos interpuestos por el co-demandado R.J.C. dentro de la demanda sobre cese de copropiedad agraria, en virtud a los siguientes razonamientos:

I.1.1. Excepción de incompetencia.

Que en base a la respuesta del INRA, efectivizada mediante nota de 23 de noviembre de 2023 cursante a fs. 401 de obrados, que señala que se pudo establecer objetivamente que la propiedad “El Porvenir” ubicada en la provincia C., municipio de Pailón del departamento de Santa Cruz, cuenta con Resolución Final de Saneamiento, la cual fue impugnada mediante demanda contenciosa administrativa ante este Tribunal, habiéndose proferido la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a N° 048/2023 de 3 de noviembre; por lo que en aplicación de los arts. 291, 295 y 326 del D.S. N° 29215, el proceso administrativo de saneamiento del predio objeto de la demanda no ha concluido con tareas, actividades y etapas del procedimiento común de saneamiento; en ese sentido el J. Agroambiental de Pailón se declaró incompetente para conocer y resolver la demanda de Cese de Copropiedad del predio “El Porvenir”.

I.1.2. Incidente de nulidad de obrados.

Que al momento de admitir la demanda no se verificó objetivamente documentos que acreditan el derecho propietario con registro en Derechos Reales o informe del INRA que establezca que el proceso de saneamiento respecto del predio en conflicto se encuentre concluido; en ese sentido, por el principio de dirección del proceso, el juez debe examinar que su competencia esté claramente definida y que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, conforme lo establece el art. 122 de la CPE; pues los arts. 105 al 107 de la Ley N° 439, estatuyen que la nulidad puede ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado de la causa, los cuales además resultan concordantes con los arts. 16 y 17 de la Ley N° 025. Asimismo, conforme a las competencias reconocidas a los jueces agroambientales por los arts. 152 de la Ley N° 025 y 39 de la Ley N° 1715, contrastadas con la nota DN-C-EXT N° 4152/2023, DDSC HRE N° 18922/2023 de 23 de noviembre, emitida por el INRA respecto al predio de la Litis y en aplicación de los arts. 291, 295 y 326 del D.S. N° 29215, que dan cuenta de que el proceso de saneamiento se encuentra en trámite – concluye el J. Agroambiental de Pailón – que no existe respaldo legal para continuar con la tramitación del proceso de cese de copropiedad, correspondiendo su anulación hasta el auto de admisión.

I.1.3. Recurso de reposición.

Que en el ejercicio de la suplencia legal, el Juzgado Agroambiental de Pailón, mediante Auto de 4 de septiembre de 2023, resolvió homologar en parte el acta de consentimiento de división provisional de límites, sin considerar que el merituado documento es firmado por una sola de las partes del proceso, advirtiéndose que el codemandado R.J.C. no lo hace, es decir, el documento conciliado resulta unilateral, por lo tanto no correspondía su homologación desconsiderando los alcances de los arts. 234 al 238 de la Ley N° 439, relativos a la conciliación. Por ello, llevando en consideración la finalidad del recurso de reposición, conforme lo preceptuado por los arts. 253, 254 y 255 de la Ley N° 439, ante la existencia de fundamentos que lo motivan, dejó sin efecto los Autos emitidos el 4 de septiembre de 2023 y de 27 de septiembre del mismo año.

En tal sentido, el J. de instancia resolvió “CONCEDER” la excepción de incompetencia, el incidente de nulidad de obrados, el recurso de reposición planteados y finalmente dispuso rechazar el recurso de apelación, dada la inexistencia del mismo en materia agroambiental conforme lo dispuesto por el art. 87 de la Ley N° 1715.

I.2. Argumentos del recurso de casación.

Conforme se tiene del memorial cursante de fs. 485 a 492 de obrados, Marlene Justiniano de D., R.J. de D., R.J.C., P.J.C. y C.J.J.C., interponen recurso de casación sin especificar si el mismo se trata de un recurso en el fondo o en la forma contra el Auto de 6 de febrero de 2024, mismo que a decir de los recurrentes incurre en una manifiesta contradicción normativa y conculca derechos constitucionales debidamente tutelados; aclaran que el Auto ahora confutado en casación, lo consideran como definitivo, pues la autoridad judicial de instancia omitió señalar qué tipo de resolución constituye.

Indican que, en la oportunidad de la celebración de la audiencia de juicio oral, el secretario omitió señalar que el abogado E.N.P. además se constituye en apoderado de R.J. de D..

Refieren que, la conciliación promovida por el J. sólo sirvió para caldear los ánimos, pues inicialmente R.J.C. manifestó su voluntad de conciliar, sin embargo, luego desistió, habiéndose suscitado cruce de palabras e improperios entre las partes, situación que el J. no pudo controlar, siendo imposible la conciliación.

Afirman que, el abogado del demandado fundamenta sus excepciones planteadas en base al informe emitido por el INRA, no obstante, en audiencia se refirieron argumentos amparados en las competencias de los juzgados agroambientales contenidos en el art. 152 numerales 8, 13 y 14 de la Ley N° 025 y art. 39 numerales 5 y 8 de la Ley N° 1715, constituyéndose la propiedad, posesión y actividad agraria en los institutos jurídicos de los cuales derivan las acciones reales, personales y mixtas; asimismo, refieren la jurisprudencia contenida en el Auto Nacional Agrario S1a N° 0026-2012, relativa a la competencia de los juzgados agroambientales.

Bajo el epígrafe de fundamento jurídico, sostienen que la tarea del juez es garantizar el acceso a la justicia, acudiendo de ser necesario al principio de dirección y llevando en consideración que existen institutos jurídicos que garanticen el cese de copropiedad conforme lo dispuesto por el art. 391 de la Ley N° 439 y art. 167 del Código Civil, aplicables a la materia por supletoriedad, siendo las condiciones – entiéndase de procedencia – de la acción incoada: 1) exista copropiedad de acuerdo a los alcances dispuestos en los arts. 168 y 169 del Código Civil; 2) que tenga origen contractual; y 3) la imposibilidad de división del bien.

Respecto al informe emitido por el INRA, afirman que se le explicó detalladamente al J. de la causa que dentro del proceso de saneamiento ejecutado bajo la modalidad de Saneamiento Simple de Oficio (SAN SIM), se encuentra el predio objeto de la Litis, mismo que cuenta con una superficie de 5000 ha, ubicado en el municipio de Pailón, provincia C. del departamento de Santa Cruz, habiéndose entregado informe notarial que da cuenta de que el copropietario R.J.C., sembró y ocupa la superficie de 1600,0000 ha; que el predio “El Porvenir” cuenta con Resolución Suprema N° 17531 de 24 de diciembre de 2015 emitida a favor de R.C.V.. De Justiniano, Nancy Justiniano Coronado, R.J. de D., M.J. de Z., Marlene Justiniano de D., P.J.C. de Rueben, R. Justiniano Coronado, R.J.C., R.J.C. y Carlos Jesús Justiniano Coronado. Aseveran que, en la audiencia de conciliación realizada se presentó fotocopia legalizada de informe emitido por el INRA sobre el estado de tramitación – entiéndase del proceso de saneamiento – no obstante, el J. de la causa solicitó nuevamente certificación, la cual fue respondida por el INRA de manera dolosa emitiendo un informe ultra petita respecto del proceso radicado en el Juzgado Agroambiental de Pailón y específicamente con relación al predio objeto de Litis.

Haciendo cita de la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 3545, concluyen que las acciones interdictas agrarias tienen por objeto resolver cuestiones de hecho, hasta en tanto se resuelvan las de derecho.

Seguidamente refiriéndose a actuaciones procesales como el incidente de nulidad y la excepción de incompetencia planteados por R.J.C., aseveran que no se consideró la argumentación de la parte demandante, reiterando a ese fin la normativa que hace a las competencias otorgadas a los juzgados agroambientales.

Asimismo, afirman que el J. de instancia fundó su resolución en la nulidad, no obstante, tratarse de una acción de cese de copropiedad, insistiendo en la normativa que debió aplicarse al caso y las condiciones de procedencia de la acción; de igual manera, redundan en lo anteriormente argüido respecto a lo resuelto a la homologación en parte del acuerdo conciliatorio definitivo.

Afirman que existen líneas jurisprudenciales establecidas por el Tribunal Constitucional que permiten identificar actuaciones del J. Agroambiental como posibles violaciones a los derechos constitucionales como la seguridad jurídica y debido...

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